El documento filtrado a los medios esconde un acuerdo mucho más amplio de 60 páginas de extensión, con un elevado nivel de detalle, ocultado a la opinión pública.
Pedro Sánchez y Junts per Catalunya han suscrito un «acuerdo marco» en el que se establecen tanto las condiciones como los mecanismos para «la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español».
El prófugo de la Justicia Carles Puigdemont ha presentado desde Bruselas el pacto al que han llegado Junts y el PSOE esta madrugada.
En el acuerdo, que es de «investidura y legislatura», se constata también un mecanismo de verificación internacional de la negociación y los acuerdos. Sus principales puntos son los siguientes:
- La negociación sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación,
- El pleno despliegue del Estatut del 2006.
- Una ley de amnistía.
- La participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y organismos internacionales.
- Una negociación sobre la cesión del 100% de los tributos a Cataluña.
- Se recoge en él la legitimidad del referéndum de 1 de octubre de 2017 y la declaración de independència del 27 de octubre.
- Las Comisiones de investigación parlamentaria, y no los Jueces, serán quienes decidan cómo aplicar la ley de amnistía.
- El Parlamento de Cataluña será el único que fije los límites.
- Hay una larga lista de exigencias que Sánchez se ha comprometido a conceder: gestión de puertos y aeropuertos, inmigración, selecciones nacionales en todas las competiciones deportivas internacionales, Hacienda propia, toda la política exterior, etc.
Sin embargo, el prófugo Puigdemont ha alertado de que el apoyo de Junts durante la legislatura irá condicionado al cumplimiento de los acuerdos: “se tendrá que ganar el apoyo acuerdo a acuerdo, sin cumplimiento la legislatura no tiene recorrido. El ‘a cambio de nada’ ha ido a la papelera de la historia”.
En este sentido, para que los acuerdos se cumplan, las negociaciones deberán contar con un verificador independiente internacional: «este mecanismo forma parte del acuerdo y ya están designados, incluso, sus integrantes», ha asegurado. Este mecanismo se reunirá antes de terminar el mes de noviembre.
Sobre la ley de amnistía, Puigdemont ha explicado que «no deja a nadie fuera, tampoco a las víctimas de la guerra sucia» y que «es una manera de devolver a la política lo que es de la política».
Los negociadores han sido el número tres del PSOE, Santos Cerdán, junto con Jordi Turull y la portavoz parlamentaria Miriam Nogueras.
Este es el precio al que Sánchez compra los votos que le hacen falta para ser investido Presidente.
A los españoles ya se les ha olvidado que en 2021 acabaron transigiendo con los indultos concedidos a separatistas convictos como Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Cuixart o Jordi Sánchez, por lo que el peligro de que se acabe normalizando una situación como la que se desprende del acuerdo, es grave.
Manifestaciones espontáneas convocadas a través de redes sociales como Telegram convocadas por varias organizaciones cívicas como Libertad sin Ira, Pie en Pared, S´ha Acabat!, Neos, Voces Libres, Con la Libertad, el activista Alvise Pérez, y otros. están creciendo en presencia e intensidad en toda España y ya son siete los días de movilizaciones por este motivo. La sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, pero también Sevilla, Barcelona, Burgos, Talavera de la Reina, y muchos otros lugares.
450 agentes de Policía han sido desplegados ante la sede del Partido Socialista en Madrid en el día de mayor movilización ciudadana. No solamente la calle Ferraz ha sido completamente colapsada, sino el Paseo de la Castellana y los accesos al Congreso de los Diputados por la Carrera de San Jerónimo, ante la imposibilidad de las fuerzas del orden de restablecer la circulación.
Por otro lado, todas las asociaciones de Jueces del país se han puesto de acuerdo por primera vez en muchas décadas para firmar una declaración conjunta denunciando dicho pacto.
Santos Cerdán, negociador del PSOE
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces y Juezas Por la Democracia (JJpD) y la Asociación de Jueces Foro Judicial Independiente han firmado un comunicado en el que han declarado su «rechazo por las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias».
Asimismo, señalaron que el texto del acuerdo contempla «la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas», lo que de facto es una intromisión inadmisible en la labor del Poder Judicial, que tiene «garantías suficientes» para respetar los derechos fundamentales de todos los procesados.
