La amnistía incluye el término “lawfare”, un concepto acuñado recientemente en el ámbito anglosajón.
El término se ha popularizado a raíz de los procesos judiciales abiertos en contra de diferentes políticos en Hispanoamérica, que presupone que los litigios contra los políticos no tienen como causa la comisión de ningún delito por parte de estos, sino una intención persecutoria por motivos ideológicos por parte de quienes los promueven.
El término se refiere a la manipulación del sistema legal para abrir procesos sin pruebas, influir y sembrar confusión entre la opinión pública, o bloquear los intentos de los implicados para recurrir las acusaciones y defender sus derechos, con la finalidad de destruir a una autoridad política, social o mediática. Los casos de Gómez de Liano o de Ruiz Mateos encajarían en este tipo de manipulación de los resortes judiciales con fines espúreos.
Sin embargo, ha sido la izquierda quien ha acuñado este término ante los procesos abiertos a personalidades como Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner, Lula Da Silva, Rafael Correa y otros casos similares.
Que el Partido Socialista, con posibilidades de formar Gobierno, asuma que los jueces españoles juzgan a políticos por sus ideas y no por sus actos, supone cuestionar la labor del Poder Judicial desde su base. La victoria propagandística de Puigdemont es evidente.
Asumir tal postulado implica golpear con un ariete, no ya los cimientos del sistema político nacido en 1978, sino la esencia misma de los contrapesos más básicos que deben existir en cualquier organización política, sea del tipo que sea.
Incluso admitiendo la posibilidad de remisiones parciales de penas, el problema del acuerdo alcanzado, más allá incluso de la amnistía en sí, es el desequilibrio de las cesiones, y sin ningún tipo de arrepentimiento por parte de los así favorecidos.
